La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas denuncia la propuesta de un proyecto que procura la instalación de una penitenciaría en la isla Beata.
La entidad asegura que este ecosistema estratégico y frágil de 27 kilómetros cuadrados ubicado en el extremo sur de la provincia Pedernales se encuentra íntegramente dentro del Parque Nacional Jaragua, “lo que convierte cualquier intervención de este tipo en un delito ambiental flagrante”.
La proposición de construir una cárcel en el islote está contenida en un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se solicitaría dicha obra al Poder Ejecutivo. Este ítem estaba en el orden del día de la sesión ordinaria número 00006 correspondiente al 18 de marzo de 2026.
Este proyecto, informó la Coalición a través de un comunicado, no solo es jurídicamente inviable, sino que choca con las decisiones políticas anunciadas recientemente de protección y defensa del patrimonio natural del país.
“Advertimos con firmeza que la sociedad dominicana no permitirá, bajo ninguna circunstancia, que se consume este atropello contra nuestro sistema de áreas protegidas”, indicó la institución que representa a un colectivo de organizaciones ambientales de República Dominicana.
Para una cárcel modelo
De acuerdo con el ítem presentado en la Cámara de Diputados, se trataría de un centro penitenciario modelo con capacidad para albergar diez mil reclusos condenados a penas de privación de libertad superiores a cinco años.
Para la Coalición, el uso de suelo que supondría esta instalación choca con el objetivo principal de este y todos los espacios protegidos, que es salvaguardar los recursos naturales y los servicios que de ellos se deriven.
“Desconocemos las motivaciones de tan descabellada propuesta presentada por los diputados Elías Wessin Chávez (Distrito Nacional), Miguel Alberto Bogaert Marra (Santo Domingo), Miguel Ángel de los Santos (diputado nacional) el 21 de junio del 2022, pero cuenta con un informe favorable de la Comisión Permanente del Ministerio Público del 26 de noviembre de 2025”, señala la Coalición.
El colectivo solicita al Poder Ejecutivo, al resto de los legisladores y a la opinión pública unirse al rechazo “de este intento de destruir nuestro patrimonio natural en franca violación a nuestro marco legal”.
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