Santo Domingo, RD. – El reciente acuerdo que generó que el presidente Luis Abinader se pronunciara acerca del «incumplimiento» por parte de la farmacéutica Astrazeneca en la compra de las vacunas para palear el coronavirus ponen al Gobierno en un arbitraje internacional.
Asimismo, se vería afectado el Congreso Nacional debido a que, aprobaron el contrato, más el desembolso de unos 40 millones de dólares, sin ninguna oposición por parte de los legisladores.
Cabe aclarar que los 40 millones equivalen a 4 dólares por cada dosis, y los impuestos en el contrato «no incluyen ningún impuesto indirecto que pueda cobrarse y que si se cobra en forma apropiada el comprador pagará en forma adicional a la tasa y en la manera que para ese momento establezcan las leyes aplicables».
En tanto, el Estado no podría reclamar la cláusula en las farmacéuticas sobre la «Limitación de Responsabilidad por Reclamaciones Distintas de Indemnización de Terceros; Exención de Garantías».
En el apartado (14.1), se establece que el territorio dominicano no tiene potestad para protestarle a las compañías por las demoras en las entregas de las dosis.
El acuerdo estipula que, «El comprador (República Dominicana) renuncia y libera cualquier reclamación en contra de AstraZeneca que surja de o tenga relación con… retrasos a la entrega de la vacuna conforme al contrato».
Sin embargo, la compañía AstraZeneca de la misma forma tendría el compromiso de responder por alguna problemática que se presente con el cargamento de las vacunas para el proceso de inoculación.
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