La Junta Central Electoral (JCE) canceló al ex Oficial del Estado Civil, Cristian Miguel Moreta Romero, tras enfrentar casos de suplantación de identidad y negarse a otorgar una cédula a una mujer de nacionalidad haitiana en la oficialía de Comendador, Elías Piña. Moreta Romero, quien sirvió en la institución por 20 años, sostiene que su cancelación fue el resultado de su rigor al aplicar la ley y negarse a participar en lo que describió como un vasto esquema de fraude documental en la frontera.
La controversia que motivó su salida giró en torno al caso de la señora Jenny Quezada Batista, una ciudadana de nacionalidad haitiana. Aunque la Comisión de Oficialía de la JCE le había reconocido la titularidad de un acta de nacimiento previamente suplantada por otra extranjera, Moreta Romero se negó a emitirle la cédula. Al realizar la entrevista de depuración, el oficial detectó incoherencias, incluyendo el desconocimiento del supuesto padre biológico y la admisión de la madre declarante de que la joven le había sido «regalada» siendo niña, confirmando que la relación no era biológica.
Moreta Romero argumentó mediante una entrevista al periodista Daniel Montero de que esta decisión, basada en la detección de una madre no biológica, le generó un enfrentamiento directo con figuras dentro del sistema, incluyendo al subdirector del Registro Civil, Manuel Ruíz. Según el ex Oficial, Ruíz y otras autoridades presionaron para que se entregara el documento, acusándolo de maltrato por cuestionar la identidad de la solicitante. Este conflicto se convirtió en el «caldo de cultivo» para que Moreta Romero motivara su jubilación, alegando que se le impedía cumplir con su labor de investigador y depurador. A pesar de su rechazo, la señora Quezada Batista recibió su cédula posteriormente.
La Falta de Régimen de Consecuencia y el Rol del INACIF
Moreta Romero critica que el sistema de registro civil se ha convertido en un «archivo muerto de papeles» debido a la falta de un régimen de consecuencia para quienes cometen fraude. En el caso de suplantación de identidad, falsedad y suposición de parto, la ley establece penalidades de hasta 10 años de prisión, pero estas raras veces se aplican, lo que ha generado una proliferación de expedientes rechazados en las oficialías, especialmente en zonas complejas como Santo Domingo Norte y Elías Piña.
En este contexto, el ex Oficial subraya la necesidad de utilizar la prueba de ADN como herramienta de excelencia para dirimir dudas de filiación, especialmente en declaraciones tardías o sospechosas.
Moreta Romero explicó que, ante las dudas de suplantación, la Ley 659 y la Ley 423 cargan al presupuesto de la JCE los costos de las pruebas de ADN que pudieran solicitar los Oficiales del Estado Civil a través del Registro Civil y del Juez de Paz. Sin embargo, propone que, para la agilización y eficiencia del proceso, dicho costo debería ser cargado al presupuesto del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Argumenta que el INACIF, como laboratorio estatal, ya cuenta con la capacidad para procesar la sangre del presunto padre y del niño mediante una centrífuga y certificar el parentesco, evitando que familias de escasos recursos se queden sin registrar a sus hijos por no poder costear la prueba.
El ex Oficial sostiene que sus acciones le costaron más de 4,000 expedientes objetados en Elías Piña y la quinta circunscripción, los cuales, según denuncia, permanecen «en archivos muertos» sin que Inspectoría les dé curso.
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