La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) asestó un duro golpe a la gestión de compras del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), al anular este lunes 25 adjudicaciones para la adquisición de zapatos escolares destinados a estudiantes de centros públicos para los períodos 2025-2027. La decisión se fundamenta en una investigación que reveló graves violaciones a los principios de transparencia, igualdad y libre competencia.
El proceso afectado, identificado como INABIE-CCC-LPN-2024-0012, fue iniciado el 11 de septiembre de 2024 y había concluido con la adjudicación a 101 proveedores. Sin embargo, una investigación de oficio de la DGCP, documentada en la resolución RIC-0106-2025, encontró que al menos 31 de estos contratos presentaban serias deficiencias y vicios de procedimiento que comprometían su validez.
Según el órgano rector, el Comité de Compras y Contrataciones del INABIE incurrió en actuaciones contrarias a la Ley 340-06. Entre los hallazgos más notables figuran la habilitación de ofertas que no cumplían con los requisitos técnicos mínimos, incluso después de permitirles corregir errores, y la realización de evaluaciones técnicas por funcionarios del INABIE que no habían sido designados formalmente como peritos para dicha tarea.
La investigación también destapó irregularidades en las visitas técnicas a los oferentes, citando la falta de videos y evidencias completas, así como inspecciones realizadas por personal no autorizado. Además, se constató que varios adjudicatarios presentaron pólizas de garantía de seriedad que no cumplían con las condiciones legales de ser irrevocables, incondicionales y renovables.
De manera alarmante, la DGCP encontró indicios de falsedad documental en certificados y documentos crediticios, así como posibles prácticas anticompetitivas al detectarse vínculos societarios entre diferentes empresas oferentes.
Consecuencias y acciones ordenadas
Como resultado de estas irregularidades, de los 31 contratos viciados, la DGCP ordenó la reevaluación completa de once (11) ofertas y la posterior readjudicación de esos lotes. Asimismo, instruyó al INABIE a identificar y sancionar a los funcionarios responsables de las violaciones al debido proceso.
En paralelo, la DGCP informó que ha iniciado el proceso para la inhabilitación permanente de aquellos proveedores vinculados a la falsificación de documentos.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, fue enfático en su postura. “Nuestro mandato legal y el compromiso con la ciudadanía nos obligan a actuar cada vez que un proceso de contratación pública presenta riesgos para la integridad y la confianza del sistema. La transparencia, la igualdad y la competencia leal son principios innegociables”, aseguró Pimentel en una nota de prensa.
El voluminoso expediente del caso ha sido remitido a múltiples entidades de control y persecución, incluyendo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, Procompetencia y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), para que cada una actúe en el ámbito de sus competencias.
La institución adelantó que próximamente emitirá otras dos resoluciones relacionadas con los procesos de adquisición de mochilas y uniformes escolares del INABIE, lo que sugiere que podrían revelarse irregularidades similares.
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