Santo Domingo. En Azua fue desmantelada una red en las que se apresó y sometió a la justicia seis personas incluyendo empleados de la Junta Central Electoral que integraban una banda que se dedicaba a falsificar y suplantar documentos, con el propósito de beneficiar a haitianos ilegales bajo el amparo de una fundación que se dedicaba a la educación especial a personas con necesidades especiales asociadas a discapacidad auditiva o física.
Por el hecho se persiguen a dos personas más, contra las que fueron emitidas las respectivas órdenes de arresto.
La jueza de la jurisdicción de Atención Permanente de la provincia Peravia, magistrada Loida Amador, dispuso la declaratoria de caso complejo e impuso prisión preventiva a Amauri Rosario Aybar y garantía económica y presentación periódica ante el Ministerio Público a Stalen Falcón, Juan Javier Mariñez Guillén, Elizabeth Mercedes García, Quilcy Paulino y a Sujeyri Mercedes Sánchez.
Conforme al Ministerio Público, los imputados fueron apresados luego de que las autoridades realizaron varios allanamientos en las comunidades de Nizao, Santana, Pizarrete, Don Gregorio y Baní.
La estructura criminal estaba compuesta por terceros y empleados de la Oficialía de Estado Civil de Nizao, quienes actuaron bajo la Dirección De la Oficial del Estado Civil María Del Carmen Arias Castillo, quien se encuentra prófuga de la justicia, al igual que la imputada Dominga Valdez, pesando contra ambas órdenes de arrestos.
El ‘modus operandi’ de la red se desarrollada a partir de una supuesta fundación identificada como ANEADEF, a cargo de Dominga Valdéz, que según la descripción se dedicaba a la educación especial a personas con necesidades especiales asociadas a discapacidad auditiva o física.
Conforme a las indagatorias, en el lugar se ofrecía una supuesta orientación y asistencia a personas que no portaran documentos de identidad, pero en la realidad se dedicaban a comercializar las identidades falseadas, a partir de suplantaciones de documentos de dominicanos.
La investigación está siendo llevaba a cabo por la Fiscalía de Peravia, la Fiscalía adscrita a la Junta Central Electoral, la Dirección Nacional de Seguridad Civil de la Junta Central Electoral, y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y su Departamento de Falsificaciones, con el apoyo de la Consultoría Jurídica, la Dirección de Cedulación, la Dirección de Inspectoría y la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral.
El grupo está acusado de violar los artículos 265, 266, 145, 146,147, 148,150 y 151 del Código Penal Dominicano que tipifican la asociación de malhechores y la falsificación de documentos públicos, así como los artículos 207 y 208 de la Ley 4-23 sobre Registro Civil, además de los artículos 13 y 14.4, de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales y artículos 6 párrafo 1, 7, 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
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