En el marco de la Operación Medusa, el Ministerio Público continúa hoy presentando la acusación contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien es el principal imputado en el caso. Durante la lectura de la acusación, se mencionaron alrededor de diez empresas que aparentaban ser entidades diferentes, pero en realidad tenían los mismos socios que obtenían constantemente licitaciones para suministrar alimentos adulterados, en mal estado e incluso con presencia de insectos en diversas cárceles del paí, digase con gusanos y podridas.
A pesar de que estas compañías tenían estructuras societarias aparentemente distintas, la Fiscalía sostiene que sus composiciones fueron producto de falsificación de documentos e identidades suplantadas, involucrando a personas que incluso poseían más del 50% de las acciones sin tener conocimiento de que formaban parte de dichas estructuras. Entre las empresas mencionadas se encuentran Getrant del Caribe SRL, Inversiones Zwaziland SRL, La Parasata Mercantil SRL, Herrajes Rachel SRL, Distribuidora Ropi SRL, Comercial Viaros SRL, Rogama SRL, F & F Ezel Import SRL, Divamor Group SRL y Ropalma SRL.
Según las investigaciones, todas estas compañías operaban bajo una misma dirección, con una unidad ejecutora única y compartiendo personal, secretaria, contabilidad, almacenamiento y servicios de transporte estratégicamente controlados por los acusados José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel y Reinaldo de Jesús Santos de la Cruz. Estos individuos, a su vez, reportaban a Rolando Rafael Sebelen Torres, cuñado del exprocurador. El Ministerio Público, que hasta el momento ha leído 300 páginas de las más de 12,000 que contiene la acusación en la Operación Medusa, destacó que la empresa más beneficiada fue Inversiones Zwaziland SRL. Ante el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) afirmaron que durante la gestión de Jean Alain en la Procuraduría General existía un Comité de Compras que carecía de poder de decisión y solo se limitaba a firmar las actas enviadas por el comité de facto conformado por Jean Alain, Rafael Stefano Cano Sacco y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert.
La Pepca sostuvo que una vez asignados los proyectos para la adquisición de alimentos e insumos en las diferentes penitenciarías, el acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert registraba nuevas adendas en las cuales se incrementaba el pago en hasta casi 10 millones de pesos por encima del monto original. Los fiscales destacaron que estas empresas ganaban licitaciones año tras año debido a los vínculos familiares con Sebelen Torres. En el caso del señor Carlos Ferreiro Díaz, se mencionó que figuraba como accionista de Distribuidora Ropi SRL, sin tener conocimiento de que era socio de dicha empresa.
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