SANTO DOMINGO.- Los abogados Many Sierra e Ignacio Miranda sometieron un recurso ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional para anular la decisión del juez Deiby Timoteo Peguero Jiménez que excluyó a los querellantes en el caso de la empresa familiar Costa Dorada, cuya cuota social intentaría ser robada mediante la falsificación de documentos.
Explicaron que el delito principal en este caso es la falsificación de un centenar de documentos que se usaron para figurar en el registro de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD, así como en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que los titulares de las acciones de Costa Dorada no eran sus verdaderos dueños, sino otras personas.
En tal sentido, señalaron que este caso envuelve todo lo que tiene que ver con la seguridad jurídica de República Dominicana y, sobre todo, con la confianza del inversionista extranjero en el país, por lo que debería ser una gran preocupación del Estado.
Los juristas fueron entrevistados por los comunicadores Mariano Abreu y Edward Ramírez, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.
Consideraron que el juez cayó en una confusión terrible que deberá ser encausada en un recurso de apelación que han establecido contra la “nefasta” decisión de que los dueños de las acciones de Costa Dorada que son dos empresas de la familia Serrano Oms y dos empresas de la familia Mayol, no tienen derecho a reclamar sus acciones en justicia.
Los abogados señalaron como autores de tales hechos a Rafael Olegario Helena Regalado, a Judith Franchesca Aguasvivas Báez, a Ailec Paloma Soto Garabito, entre otros, que habrían utilizando el vehículo corporativo Global Multibusiness Corporation para cometer sus delitos.
Asimismo, Los representantes legales de las empresas propietarias de las acciones de Costa Dorada, dueña también de los terrenos en Bahía de Salinas, Sabana Buey, afirmaron que los acusados habrían incurrido en los delitos de asociación de malhechores, falsedad en escrituras de comercio, falsedad en escrituras auténticas y uso de documentos falsos.
Precisaron que están en la Corte de Apelación y han presentado un recurso no contra el auto de apertura a juicio porque es una decisión que está bien tomada, sino contra algunas decisiones puntuales que son parte de la misma resolución.
Específicamente los abogados consideran como “malas decisiones”, que se excluya a las víctimas reales del proceso, quienes serían los querellantes; que se excluya parte importante de los hechos que se refiere a la falsificación de documentos para hacer un registro en la Cámara de Comercio y Producción, y a la acusada Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
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