Para Danny Toro, director general de País Narrado, proyecto social de visibilización de LGBTIQ+, el derecho al matrimonio va más allá de dos personas que se aman y se quieran casar sino de la protección de la unión por parte del Estado.
«De esa unión se generan otros derechos como el reconocimiento social de que es una pareja, la posibilidad de que se pueda tener un beneficio económico o social de tu pareja como un seguro médico, o la posibilidad de adopción, o que los bienes que se adquieren en el matrimonio sean compartidos», explicó Toro.
También mencionó que si alguno de los miembros de la pareja fallece la otra persona heredaría los bienes, incluso tutela de los hijos, «entonces el matrimonio igualitario no es solo afectividad y romance sino de derechos que se suscriben».
El vocero acotó que cuando el Estado no reconoce estas uniones, que de facto ya existen, y que de acuerdo a un censo realizado en 2011 en Venezuela había entre 5 mil y 6 mil parejas homoparentales.
«El Estado viola los derechos humanos y comete un acto de discriminación al no reconocer la voluntad de las parejas homosexuales», expresó el activista quien además lamentó que Venezuela sea uno de los pocos países que no ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI+.
Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica, México, Estados Unidos, Canadá. gozan de la protección de la unión civil o matrimonio igualitario. «Países conservadores han avanzado en estos temas y Venezuela se ha ido quedando».
Ya la sociedad civil se ha organizado y ha hecho diversas propuestas legislativas, para Toro hay variables que afectan. En primer lugar, la crisis del país que ha dejado a Venezuela fuera de los temas del siglo XXI y en segundo lugar, el gobierno ha sido conservador.
«Para aprobar el matrimonio igualitario se necesita que la Asamblea Nacional promulgue una ley de matrimonio igualitario. La Constitución no prohíbe la unión homoparental, el Código Civil sí es muy claro al establecer que el matrimonio es entre hombre y mujer. La Carta Magna es la máxima ley de una nación, pero es la AN la que debe resolver esa discrepancia».
Sobre las propuestas que se han realizado, Danny Toro mencionó una del año 2014 en la que la sociedad civil recogió miles de firmas para introducir un proyecto de ley por iniciativa popular, «lamentablemente quedó engavetado y la Asamblea Nacional solo la recibió pero no procedió más allá de la primera discusión que es básicamente el abordaje del proyecto».
Este año 2022 protestaron en enero para exigir al Tribunal Supremo de Justicia que le exija a la AN que dé respuesta a ese proyecto de ley porque indistintamente si el ente legislativo lo aprobaba o rechazaba, tenía que dar una respuesta.
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