A mediodía del viernes, varios agentes del Ministerio Público, Aduanas, fuerzas militares y parte del personal de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI), allanaron el yate Flying Fox.
Esta embarcación, propiedad de un oligarca ruso, permanece anclada en el puerto Sans Soucí desde el pasado 21 de marzo.
El día primero del abril, la motonave fue intervenida por las autoridades como parte de su investigación «sobre presunto lavado de activos y tráfico de armas«, de acuerdo con un comunicado del MP.
Tras varias horas de requisa oficial, nada se supo sobre los hallazgos de esta inspección e incluso el acceso al área fue restringido a los medios de comunicación.
El sábado las autoridades continuaron por segundo día consecutivo sus trabajos de inspección.
Al igual que el primer día, el pase a la prensa fue denegado. No obstante desde la afueras del puerto, periodistas de LISTÍN DIARIO pudieron corroborar como unos cinco agentes representantes de la Procuraduría General de la República arribaron a la embarcación pasadas las 8:30 de la mañana.
La segunda pesquisa se realizó con la autorización 0094 -marzo-2022 dictada por la coordinadora de los juzgados de instrucción.
Luego de casi cuatro horas de inspección judicial en el lujoso yate las autoridades dominicanas fueron captadas saliendo desde el interior de la embarcación con un escáner marca Heurisis.
Cabe destacar que este artefacto está diseñado para revisar, mediante rayos x, los mamparos, cascos y bodegas de los barcos en búsqueda de drogas, dinero y huecos escondidos donde se puedan guardar lo antes mencionado.
Sin embargo, tampoco hubo alguna declaración a los medios sobre lo que se encontró durante la requisa.
Mientras los organismos judiciales dominicanos mantienen un grueso hermetismo en torno a los resultados de su inspección, las especulaciones de la población sobre este tema toman fuerza.
El elemento que más ha despertado suspicacia sobre el allanamiento es el papel jugado por los Estados Unidos en dicho proceso.
Según la nota difundida por el MP, la nación norteamericana «tiene abierta una investigación en contra de varios objetivos dedicados al lavado de activos a escala internacional«.
Por lo tanto, la orden que autoriza al órgano persecutor dominicano a practicar la requisa en el yate es en virtud de una cooperación jurídica formal con Estados Unidos de Norteamérica, por los acuerdos internacionales de lucha contra la criminalidad y el delito, suscritos por República Dominicana.
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