Joven que murió tras ser violado y torturado por la Policía

El caso de un joven mexicano que, antes de morir, denunció haber sido detenido, violado repetidas veces y torturado por varios policías en la ciudad mexicana de Mérida, en Yucatán, ha dejado en evidencia la revictimización, las inconsistencias de las investigaciones y las supuestas presiones de las autoridades locales.

José Eduardo Ravelo, de 23 años, murió el 3 de agosto en el Hospital General Agustín O’Horán después de haber sido aprehendido por agentes de la Policía municipal, el 21 de julio, en el Centro Histórico de Mérida, mientras se dirigía a una entrevista de trabajo, según relató su madre, Dora María Ravelo, en una entrevista de La Octava.

Las investigaciones para aclarar las causas de la muerte de José Eduardo, nacido en el estado de Veracruz, siguen su curso en medio de declaraciones cruzadas entre la defensa de la familia, la madre del joven y el alcalde de Mérida, Renán Barrera.

Hasta ahora, cuatro agentes municipales fueron detenidos por su presunta vinculación con los delitos de homicidio calificado en asociación, violación agravada y tortura agravada. La progenitora de la víctima acudió el pasado jueves a la segunda audiencia que se realiza contra los implicados, en el Centro de Justicia Oral de Mérida.

¿Qué pasó?

José Eduardo fue detenido «por parecer sospechoso» el 21 de julio, según la versión de su madre. Un día después, el joven llamó a su madre para contarle que le había pasado «algo muy feo».

Relató que los policías lo pararon, lo revisaron y le hicieron preguntas. Como sus respuesta no fueron satisfactorias, los agentes no lo dejaron irse y le dijeron que se lo llevarían detenido.

«Lo esposaron, lo subieron a la patrulla, le bajaron los pantalones y uno de los agentes lo violó, seguido de los otros, que lo golpearon. Así estuvieron dando vueltas», contó la mamá a La Octava.

Luego, según la versión de su madre, el muchacho fue llevado a un lugar que no pudo reconocer. Tras los vejámenes sufridos, no podía caminar y se arrastraba. Por esto, uno de los funcionarios le gritó que se parara y que si no lo hacía, abusaría de él de nuevo. Y así lo hizo junto a otros policías.

Su progenitora, una mujer humilde que vive en Veracruz, a unas catorce horas por tierra de Mérida, llegó el 24 de julio a esa ciudad y lo llevó al hospital, donde fue revictimizado. Según afirmó, el médico que atendió al joven dijo que no creía que hubiera sido abusado por los uniformados y le preguntó si era gay «porque era posible que lo hubieran confundido con una mujer». Además, debían pagar unas radiografías y no contaban con el dinero.

En muy mal estado de salud, lo llevaron a la Fiscalía para que hiciera la denuncia, que fue firmada por él. El médico de ese organismo certificó la agresión sexual y volvieron a trasladarlo al hospital.

El joven, que había emigrado a Mérida en busca de mejores oportunidades cuatro meses antes, también presentó una perforación en un pulmón, por lo que tuvieron que intubarlo; así como daños en los riñones y en el cerebro; polifracturas y heridas en la cara y manos.

Más revictimización

Mientras siguen las investigaciones, un video donde se trata de revictimizar a José Eduardo se filtró a las redes. En las imágenes, registradas por una cámara de seguridad, se observa cuando el joven camina con una loza en la mano, que supuestamente lanza a unas personas, que inmediatamente dan el alerta a una patrulla policial.

Dora María ha expresado en otras oportunidades que el daño causado es irreparable y que «aunque haya mil videos», lo que le hicieron a su hijo «sigue siendo violación y homicidio». Del mismo modo, ha pedido la renuncia de Barrera, al que señala de no garantizar la ley y de defender a sus funcionarios de seguridad inmersos en el delito contra su familiar, refiere un medio local.

La respuesta del alcalde

En una entrevista con W Radio, el alcalde dijo que no defendía a los policías municipales y aseveró no saber nada de lo que le sucedió a José Eduardo «las 24 horas posteriores a su salida de la cárcel».

La máxima autoridad de Mérida sostiene que la detención «no fue por sospecha sino por denuncia ciudadana» y que el joven se encontraba en «actitud violenta» y bajo efectos de varias drogas.

Según su relato, el traslado a la cárcel municipal no llevó más de 10 minutos en los que «no hay registro alguno de violencia o tortura». «Las cámaras no demuestran una agresión en pandilla como se ha mencionado», agregó. Supuestamente, al ingresar a la celda, el joven se desmayó y fue recuperándose en las 24 horas siguientes.

Versiones cruzadas

El abogado de la familia Ravelo, José Andrés Nieves Cervantes, manifestó que durante una reunión con Barrera, sus enlaces le habrían ofrecido 2,5 millones de pesos (unos 125.000 dólares) para que retirara la denuncia contra los agentes.

Sin embargo, la madre de José Eduardo negó que el presidente municipal le hubiera hecho un ofrecimiento directo. «A mí el alcalde nunca me ha hecho ninguna proposición, que quede bien claro», según Quadratín.

La mujer también manifestó su temor de que los responsables queden en libertad y de que no se investigue a todos los implicados en el abuso sexual, la tortura y en el homicidio.

Esta no es la primera vez los cuerpos de seguridad de Yucatán se ven involucrados en agresiones contra civiles.

En diciembre de 2020, en el municipio de Tecoh, cuatro policías detuvieron y golpearon a un hombre hasta provocarle la muerte. Ese año culminó con la cifra de 11 fallecidos mientras se estaban bajo custodia policial, según la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, recoge Corriente Alterna.

En lo que va de 2021, la Comisión ha emitido seis recomendaciones por detenciones arbitrarias, lesiones y vulneraciones a los derechos a la libertad personal, a la legalidad y a la seguridad jurídica.