Por Daygorod Fabián Sánchez, Educador y Analista Político
El Artículo 109 de la Carta Sustantiva Dominicana dice: El Distrito Nacional, Los Municipios y los Distritos Municipales constituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, gozan patrimonio propio, autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al poder fiscalizador del Estado y al control social de la ciudadanía en los términos establecidos por esta Constitución y las Leyes.
Nótese que los Ayuntamientos deben responder al poder fiscalizador del Estado, en este caso representado en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Los Ayuntamientos están obligados única y exclusivamente a enviar trimestralmente los informes de ejecución presupuestaria a esa entidad y no a ningún otro órgano.
A su vez como lo establece el constituyente en el Artículo 201 los regidores o concejales serán también entes de fiscalización, en sus respectivos ayuntamientos.
Como ciudadanos podemos pedir información y fiscalizar las obras en nuestras demarcaciones, sin embargo ningún otro poder o representante de un poder puede amenazar, constreñir o pedir informes de forma fiscalizadora, cuando eso no le compete o no está en sus atribuciones.
El Artículo 2 de La Ley 176-07 que rige al Distrito Nacional y los Municipios del país también habla sobre la autonomía de los cabildos.
El Artículo 12 habla sobre las Relaciones Interadministrativas. Señala que la colaboración mutua debe estar sujeta al respeto de sus respectivas competencias.
La gobernación no es un ente fiscalizador, por ende no puede ni tiene potestad para pedir con carácter obligatorio ningún informe. Esto lo haría el cabildo si quiere.
Además la gobernación no está cualificada ni facultada para amenazar con congelar fondos de una institución autónoma.
Solo sería posible si la Cámara de Cuentas encuentra faltas graves y esas faltas comprometen al incumbente no a la institución como órgano jurídico.
Finalmente creo que alguien debería orientar a la Gobernadora Nelsy Cruz, para que no siga cometiendo yerros los cuales a su vez la colocan en situación ridícula e inexperta.
Referimos esto a raíz de una comunicación enviada a los alcaldes que carece de sentido, legalidad y raciocinio.
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