Mientras se mantiene la discusión sobre el tema, tres senadores decidieron renunciar a esos fondos: Eduardo Estrella, del partido Dominicanos por el Cambio; Antonio Taveras Guzmán, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Faride Rafúl, de la misma organización política.
Prácticamente toda la población (93.3%) considera que el Gobierno debe mantener los programas de asistencia Quédate en Casa, Pa´Ti y FASE, creados para apoyar a las empresas, y para ayudar a los trabajadores que fueron suspendidos de sus empleos, o los perdieron, a consecuencia de la pandemia covid-19.
Así consta en los resultados de la encuesta Gallup-Hoy, cuyos datos reflejan que apenas un 5.7% de los ciudadanos considera que esos subsidios no deben mantenerse.
Los referidos programas se establecieron en la administración del expresidente Danilo Medina, y los continuó el presidente Luis Abinader, quien ha reiterado que esas ayudas se mantendrán solo hasta enero de 2021.
Para continuar con esas ayudas, el nuevo Gobierno emitió bonos soberanos en el mercado internacional, ascendentes a US$3,800 millones.
Otros subsidios. La mitad de la población nunca ha recibido los subsidios sociales que entrega el Gobierno a través de la Tarjeta Solidaridad y otros bonos asistenciales, aunque el 43% sí recibe las ayudas gubernamentales.
Los segmentos de la población que más reciben subsidios son los de 55 años y más, para un 44.7%, y los de 45 a 54, para un 45%. En cuanto a la zona geográfica, el 54% de los residentes en el Sur dice recibir las ayudas gubernamentales, igual que el 44% de la región Este, y el 41.7% de la región Norte.
El plan asistencial que más alcance tiene entre los entrevistados es el Programa Progresando con Solidaridad, pues el 60.4% dice que recibe ese subsidio. Un 57% recibe Bonogás Hogar, el 51.8% Quédate en Casa, el 41.7% Comer es Primero, el 33% Bonoluz, un 20% el Incentivo a la Asistencia Escolar, un 14% FASE, y un 20% Pa´Ti.
La mayoría de los ciudadanos favorece que se reduzcan recursos a partidos, y se eliminen “barrilito” y “cofrecito”.
Una amplia mayoría de ciudadanos (82.8%) favorece la propuesta del presidente Luis Abinader de reducirle un 50% a los recursos asignados por ley a los partidos políticos en el Presupuesto General de la Nación, pero un 12% rechaza tal proposición, según se expresa en los resultados del estudio de opinión Gallup-Hoy.
El 86% de los hombres y de los adultos de 25 a 54 años aprueban que se rebajen los fondos a los partidos, igual que el 79% de las mujeres, y el 78% de los ciudadanos de 18 a 24 años, y de 55 y más.
El presidente Abinader anunció en octubre pasado que propondrá al Congreso Nacional el referido recorte de recursos, al referirse a las dificultades económicas que enfrenta el país por la pandemia covid-19.
Además, precisó que el dinero que se recorte será destinado a la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Santo Domingo Este.
Contra el “barrilito” y el “cofrecito”.
El 74% de los adultos consultados del 11 al 16 de noviembre aprueba que se elimine el Fondo de Gestión Provincial Senatorial, conocido como “el barrilito”, que se trata de recursos adicionales que reciben los senadores para realizar labores sociales en sus demarcaciones. Sin embargo, un 15.8% de los ciudadanos desaprueba que se elimine ese fondo.
El 81% de los residentes en la región Sur aprueba que se saque esa compensación del presupuesto del Senado, igual que el 78% de los hombres y el 69.9% de las mujeres.
En cuanto al “cofrecito”, una compensación similar que reciben los diputados, el 73% de la población favorece que también sea eliminado, aunque un 15% prefiere que se mantenga.
Diferentes sectores de la sociedad han planteado que tanto el “barrilito” como el “cofrecito” deberían eliminarse, porque son recursos que fortalecen las prácticas clientelares.
El 59% de los ciudadanos dice estar satisfecho con la selección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, quienes fueron escogidos por el Senado de la República. Román Jáquez es el presidente del organismo, y como miembros titulares Rafael Armando Vallejo, Dolores Fernández, Patricia Lorenzo y Samir Chami Isa.
La mayoría de los ciudadanos favoreció la designación de la magistrada Miriam Germán Brito como procuradora general de la República; así como de Yeni Berenice Reynoso como procuradora adjunta; de Milagros Ortiz Bosch como directora de Ética y Combate a la Corrupción, y de Carlos Pimentel como director de Compras y Contrataciones Públicas.
