SANTO DOMINGO.-Los niveles de corrupción e impunidad existentes en el país alcanzaron un nuevo nivel de desarrollo en los últimos años debido a la complicidad pública y privada enfocada en apropiarse de los bienes del Estado y drenar el Presupuesto de la nación.
Así lo afirmó Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, al declarar que “en cualquier país hay actos de corrupción, pero en nuestro caso, además de la impunidad, hubo un alto nivel de complicidad entre distintos sectores”.
Informó que en noventa días de gestión han tomado ciento veinte decisiones vinculadas a impugnaciones, recursos jerárquicos e inhabilitación de proveedores del Estado.
Concesión irregular
“Se convirtió en modalidad el camuflajear licitaciones de alquiler para ceder el patrimonio público a terceros”, informó, citando el caso como ejemplo de lo ocurrido con el teatro Agua y Luz, que fue entregado a Miguel Vargas Maldonado hasta el año 2044, “lo que fue anulado porque viola todas las disposiciones de la ley”.
Algo similar sucedió con el hotel Nueva Suiza, en Constanza, cedido en un contrato de alquiler por un período de veinticinco años.
“Desde el pasado 17 de agosto empezamos a trabajar en unos 200 casos que estaban pendientes de respuesta en los archivos de la entidad.
Ahí había solicitudes de medidas cautelares, investigaciones de oficio y otras evaluaciones.
Nosotros trabajamos sobre la base de que no se puede recurrir al silencio”, dijo el funcionario, que llegó a la administración pública luego de agotar una extensa carrera en la sociedad civil.
Pimentel, quien participó como invitado de Los Coloquios de EL DÍA, reconoció que la atención de la sociedad está inclinada a solicitar que se castiguen los actos ilícitos de los gobiernos anteriores.
Para ello, dijo, ha desarrollado una alianza estratégica con la Procuraduría General de la República (PGR), entidad ante la cual ya ha depositado unos cuatro expedientes con irregularidades de tipo penal.
“Los que tienen mucho tiempo en el Estado nos dicen que nunca habían visto tal nivel de cooperación. Lo que estamos haciendo es que en los casos en los que nuestras funciones se extralimitan damos paso al Ministerio Público junto a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental”, aseguró.
Casos de corrupción
Entre los casos en los que se registraron irregularidades y que han sido cedidos a la PGR está la compra de hormigón asfáltico caliente durante la gestión en el Ministerio de Obras Públicas de Gonzalo Castillo, dos más del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y un cuarto ocurrido en el Plan Social de la Presidencia.
“Identificamos que en esas instituciones operó una estructura para aprovechar los procesos de contrataciones para beneficio personal”.
Agregó que la frecuencia en las compras les alertó y que hubo situaciones donde los precios ofertados por los intermediarios competían con el de los productores.
Dicha situación se prestaba para estafar al Estado con el suministro de una cantidad y calidad inferior de lo acordado en los contratos.
Dilación en los pagos
Entre los compromisos asumidos por Pimentel con el presidente de La República al llegar a la posición estuvo el agilizar los procesos de pago del Estado.
Esto así porque la dilación de hasta seis meses y en algunos casos hasta el año, se convirtió en la principal vía de extorsión en perjuicio directo de los proveedores del Estado.
“Ahí tenemos el caso, por ejemplo, del arquitecto que se suicidó en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, por razones similares”, dijo. Planteó la necesidad de eliminar la duplicidad de funciones en los procesos de compra sin obviar las evaluaciones tendentes a lograr transparencia.
Pimentel informó que ciento veinte registros de proveedores ya han sido suspendidos debido a que no es compatible con desempeñar funciones en el gobierno. “Nos hace falta cruzar los datos con los diputados y senadores.
Esto no es una sanción sino un procedimiento administrativo apegado a lo que dice la Ley 340-06”, dijo.
Sobre Odebrecht
— Inhabilitación
Al referirse a Odebrecht, Pimentel dijo que la empresa tiene suspendido su registro de proveedores de manera temporal hasta tanto concluyan las investigaciones del Ministerio Público y se determine si puede continuar.
Publicidad estatal y el cabildeo serán regulados
Modificación. Ni los pagos por concepto de publicidad ni las actividades de cabildeo están reguladas por ley.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, entiende que ambas cosas deben incluirse en una futura modificación de la ley.
“Habrá que acordar el incluirla en una modificación de la ley o elaborar un nuevo texto legal que sustente el procedimiento”, dijo Pimentel.
Explicó que al no existir regulación sobre estas prácticas, se da paso al tráfico de influencias.
Pimentel informó que ya trabajan en los toques finales de un anteproyecto con el fin de sustituir la actual legislación 340-06 que propondrá regular dichas actividades.
Consecuencias
En el mismo, se incluirá el endurecer el régimen de consecuencias y regular los conflictos de intereses. “La legislación actual es muy pobre en relación con las penalidades. Nosotros aspiramos también a que se pueda reforzar el régimen de incompatibilidad para que, si el funcionario tiene influencia en una empresa.
se le impida la venta al Estado. Es decir, que la influencia también esté dentro de las incompatibilidades”, argumentó Pimentel a EL DÍA.
