El procurador adjunto Wilson Camacho señaló que la solidez de la investigación presentada por el Ministerio Público llevó a 10 de los imputados en la Operación Calamar a admitir este viernes, ante el tribunal, su responsabilidad en los hechos que se les imputa.
“Debemos confesar que lo que ha sucedido hoy en el tribunal es algo simple y llanamente asombroso, y lo es , por tres razones, en primer lugar 10 de los 20 imputados han admitido los hechos ante el tribunal, lo que constituye el 50% de los imputados, además, constituyen el 100% de los imputados que hablaron hoy, los cuales admitieron sus hechos y estas admisiones son la consecuencia directa de la contundencia de la investigación y de que esas defensas actuaron inteligentemente al darse cuenta que las pruebas del Ministerio Público son irrefutables, por estas razones llegaron a acuerdos con el Ministerio Público”, explicó Camacho.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), quien habló a la prensa a su salida de la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, también señaló en un segundo punto, que las admisiones de los imputados corroboran todas las líneas de investigación que ha presentado el Ministerio Público en este proceso, además puntualizó el accionar mafioso de esta estructura descrito en las narraciones realizadas ante el tribunal.
“En tercer lugar, debemos confesar que la forma en la que estos imputados han narrado ante el tribunal como operaba este entramado de corrupción, que incluso, ellos le informaban al tribunal que se comportaba como una mafia y que debemos además confesar que dijeron más de lo que esperábamos nosotros y fueron más lejos, incluso, en varios puntos en los que había llegado el Ministerio Público”.
El titular de la Pepca, quien estuvo acompañado en la audiencia de este viernes por la procuradora adjunta directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso y por los procuradores fiscales Miguel Crucey, Miguel Collado, Rosa Ysabel, Rosa Alba García, Melbin Romero Suazo, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez, Héctor García, Marinel Brea, Andrés Mena y Jhensy Víctor, indicó que ante estas confesiones y las pruebas presentadas, el tribunal deberá acoger la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
“Las conclusiones que hemos presentado al tribunal deben ser acogidas y deben imponerse las medidas de coerción que hemos solicitado”, afirmó.
El jurista también sostuvo que las medidas a partir de estas declaraciones son, arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantía económica en los casos de los 10 imputados que han admitido los hechos en el tribunal.
El procurador adjunto señaló que la contribución de los imputados no solo se sustentará en sus admisiones ante el tribunal, sino en su compromiso de continuar contribuyendo en la investigación que aún desarrolla el Ministerio Público.
“A partir de este momento y es algo que los imputados han dicho, incluso al tribunal, sobre su disposición a seguir colaborando con el Ministerio Público”, sostuvo Camacho, quien precisó que es un tema que el Ministerio Público manejará en lo adelante conforme a la dinámica de la investigación.
El titular de la Pepca especificó que “estas personas tendrán que devolver el dinero que hayan recibido ilícitamente, que siempre ha sido un fin del Ministerio Público”.
Camacho fue enfático y reitero que el Ministerio Público llevará ante la justicia a toda persona que haya cometido un licito, sin distinción alguna.
“Nosotros vamos a investigar y llevaremos ante los tribunales a todas las personas que tengamos evidencia que hayan cometido ilícitos, ese ha sido nuestro accionar en todos los casos y en este, no hay ninguna razón para que sea la excepción”, puntualizó.
Los imputados que admitieron este viernes su participación en esta estructura de corrupción desarticulada en la Operación Calamar son: Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación.
El expediente presentado por el Ministerio Público posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
Junto a los imputados antes mencionados, en el expediente también figuran el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Así como también Yahaira Brito Encarnación, Aldo Antonio Gerbasi y Ramón David Hernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
La jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, recesó para el próximo domingo a las 9:00 de la mañana la continuación de la audiencia de conocimiento de medida de coerción.
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