Cuando inciden fenómenos atmosféricos y tras su paso dejan daños significativos en la población, es oportuno que se declare Estado de Emergencia mediante un decreto que también autoriza a algunas entidades públicas a realizar compras para remediar los daños y dar asistencia a los ciudadanos afectados.
Un escenario reciente ocurrió a mediados de septiembre cuando el huracán Fiona ocasionó múltiples desastres al atacar las regiones Este y Nordeste, donde supuestamente se invirtieron más de RD$19,000 millones para remediar todo el daño.
El gobierno declaró “zona de desastre”, a través del decreto 537-22, ocho provincias del Este y Nordeste, en primera instancia: La Altagracia, La Romana, El Seibo, Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Duarte y Monte Plata.
Luego fueron incluidas las provincias San Pedro de Macorís, Santo Domingo, La Vega y Santiago después de realizar levantamientos en las demarcaciones.
Apoderaron a 20 instituciones para que adquieran productos e insumos correspondientes a su función. Las adquisiciones sumaron “67 compras de emergencia efectivas y ejecutadas a través del Portal Transaccional”, según detalló el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel.
Se dispuso un primer aporte de 99 millones 500 mil pesos que fueron distribuidos en 29 ayuntamientos y 43 distritos municipales de las principales provincias afectadas.
“Bono de Emergencia”
Según el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, esta ayuda fue concedida “al margen de cualquier diferencia y de las connotaciones políticas”.
La semana pasada, el gobierno lanzó otra medida para amortiguar las secuelas del fenómeno natural. Se trata del “Bono de Emergencia” del cual se beneficiaría un aproximado de 35 mil familias afectadas.
Contempla un aporte de RD$5,000 mediante un método de “pago híbrido”, a través de tarjetas y cheques no endosables con inversión de 539 millones 027 pesos más.
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