Santo Domingo, 14 nov.- República Dominicana reiteró este domingo que no está en capacidad de ofrecer asistencia a las parturientas haitianas indocumentadas que acuden a sus hospitales, quienes empezaron a ser deportadas a la nación fronteriza.
«Tenemos una situación grave (…) las parturientas (haitianas) han aumentado de un 15 % hasta un 40 % (a los hospitales dominicanos), el Estado no está en capacidad de resolver la situación de los dominicanos y los haitianos juntos; solamente lo podemos hacer en casos de emergencia», dijo el ministro de lo Interior, Jesús Vásquez Martínez, en un acto público.
El funcionario expuso que Haití y la comunidad internacional son los que tienen que atender los problemas de ese país, que atraviesa una grave crisis en todos los órdenes.
«No podemos cargar con los problemas del hermano país, no podemos cargar con sus problemas, somos el país que más ha ayudado a Haití», aseguró Vásquez, al revelar que «bandas» han operado en la frontera común durante años para facilitar el ingreso a República Dominicana de mujeres haitianas embarazadas.
Afirmó que el compromiso de su Gobierno es atender la salud de los dominicanos y de los extranjeros que residen el país legalmente.
En cuanto a los residentes indocumentados reiteró que solo se les brindarán servicios de salud en casos de emergencia.
El viernes pasado, el titular de la Dirección General de Migración (DGM), Enrique García, reconoció que su país deportó a Haití a «cientos» de mujeres embarazadas en los últimos días.
Las deportaciones de mujeres embarazadas comenzaron el pasado martes y «van cientos de deportadas», dijo el funcionario en declaraciones a periodistas en Dajabón (noroeste), el principal paso fronterizo con Haití.
Varias ONG denunciaron el jueves pasado que oficiales de Migración detuvieron a un grupo de mujeres embarazadas a las puertas de un hospital en la capital dominicana y las deportaron inmediatamente.
El Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR), una ONG haitiana que trabaja con deportados, informó de que un grupo de 45 mujeres, 28 de ellas embarazadas, fueron deportadas por la frontera entre la ciudad dominicana de Comendador y la haitiana de Belladere tan solo ese día.
Una de las deportadas, según esta ONG, acababa de realizarse una cesárea y tuvo que dejar a su hijo recién nacido en la incubadora.
La ley de Migración dominicana faculta a la DGM a hacer deportaciones automáticas de cualquier inmigrante en condición irregular, pero el reglamento de esa ley prohíbe detener a mujeres embarazadas.
Del mismo modo, República Dominicana se comprometió a evitar la separación de familias, en un protocolo de entendimiento firmado con Haití en 1999 para regular los mecanismos de repatriación.
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