Luis Maisichell Dicent, exadministrador de la , se defendió de las acusaciones que pesan en su contra por la “Operación 13”, diciendo que había decidido no quitarse la vida pensando en sus hijos y en limpiar su nombre.
Dicent negó ser parte del fraude cometido el primero de mayo, y aseguró que su papel en esa institución era “transparentar los procesos”. Sus palabras llegaron en su ponencia en la que dio su versión de los hechos a la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, en el conocimiento de medida de coerción y de la que Listín Diario pudo conocer algunos detalles con personas presentes.
Dijo que muchas personas que lo conocen pensaron que se iba a suicidar por las acusaciones en su contra, y admitió que llegó a pensar terminar con su vida, pero decidió seguir vivo “después del suicidio social” por sus tres hijos, para que no les dijeran “huérfanos del delincuente”, “ya que los muertos no pueden defenderse”.
El exadministrador de la Lotería Nacional habría expresado que las autoridades pueden vincularlo en cualquier señalamiento, pero dijo que no ha cometido nada de lo que se le imputa y que sólo se dedicó a administrar el dinero de la Lotería Nacional.
Confirmó que William Lizandro Rosario Ortiz, expresidente de la Federación de Bancas de Lotería, “se movía en libertad” dentro de la Lotería Nacional, como señala el Ministerio Público, por ser su amigo, con el que ha estado trabajando desde el 2013. Aunque negó que sean socios en bancas de apuestas.
“Si él hizo eso de lo que se le está imputando, es él que tiene que defenderse y limpiar su nombre y el mío”, dijo Dicent en el conocimiento de medida de coerción, durante la jornada de trabajo del miércoles.
Dijo que no pueden juzgarlo, porque no existen pruebas de que los señalamientos del Ministerio Público sean ciertos, ya que así como se dijo que él se acercó a Valentina Rosario Cruz, presentadora del sorteo, de igual forma se puede estar diciendo lo mismo de Rosario Ortiz.
Indicó que lo único que pide es justicia y habría asegurado que eso implica garantía y respeto, acciones que cree no se han hecho con él, quedando sin nada. “Destituido, sin libertad, sin garantías de su reputación y preparación académica”, dijo en audiencia según coinciden personas consultadas.
Tratando de rebatir todos los puntos dados por el Ministerio Público en su contra, en la solicitud de medida de coerción, dijo que en junio estaba en campaña “dando comida” para llevar al presidente Luis Abinader al poder, por lo que las reuniones que sostuvo fue con banqueros. Esto en referencia a que la Procuraduría señala que el fraude lo empezaron a maquinar en julio de 2020.
Aseguró que pidió tras ganar con su trabajo en campaña cinco puestos en el Estado, uno de estos en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
Luis Maisichell Dicent aseguró que la Lotería Nacional nunca fue una opción, ya que entendía que si “salvaba” esa institución iba hacer algo bien, pero el conflicto de intereses era muy grande.
Señaló que ya “cuando no quedaba nada”, le dieron el cargo en la Lotería Nacional, una institución “quebrada” con seis millones de pesos la cual asegura haber dejado con más de 420 millones de pesos.
Uno de los puntos más importantes que tocó Luis Maisichell Dicent, fue que cambió la querella por denuncia, después que varios asesores le hicieron la solicitud.
Citó como parte de las personas que estuvieron en esa reunión a Derby Bolívar de los Santos Abreu, viceministro del Tesoro del Ministerio de Hacienda; Rubén Jiménez, presidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca); Aníbal Amparo, director de casinos; Manuel Antonio Rondón Santos, subdirector de casinos y el director legal de la Lotería Nacional.
Se quejó, además, de que el expediente está lleno de “errores”, debido a que el Ministerio Público no lo llamó para preguntarle ninguno de los señalamientos que hacían los demás imputados.
Luis Maisichell Dicent, expresó que de ese caso “nunca” la Procuraduría le preguntó nada.
Dijo que existen muchos sectores que le tienen “odio”, al tiempo de expresar que una “fuerza” hizo una inversión mediática para que él no “pudiera salir ni a vender dulces de coco”, por lo que ha pedido que el proceso en su contra no dañe “el chin de corazón que le queda”.
Indicó que en la mañana del sábado 12 de junio, alguien le llamó y le dijo que lo iban arrestar, por lo que al momento que llegaron los fiscales estaba preparado para hacerle frente a los cargos que se le imputan.
Señaló que con su entrada a la institución se transparentaron los procesos con la compra de cámaras, software y otras compras por más de 5 millones de pesos.
El hombre habría dicho que él hizo una inversión en la marca Lotería para que fuera el primer sorteo del país y “eso estaba logrando”.
Dicent llegó a decir que en el proceso de transición le explicaron que dentro de los privilegios que tenía era la asignación de un “limpiabotas privado”, él cual no aceptó al no necesitar privilegios.
“Yo no tengo persecuciones de grandeza que no sea servir”, le dijo a la jueza.
Expresó además que a Valentina Rosario la cancelaron de la Lotería Nacional el 27 de febrero, junto a otros 140 empleados, los cuales fueron restituidos tras la llamada de funcionarios, por lo que a ella la ha visto tres o cuatro veces, negando que se acercó a su lado en un ascensor para hablarle de un sorteo especial, como dijo la presentadora al Ministerio Público y reposa en el expediente de solicitud de medida de coerción.
Negó además que conociera a Eladio Batista Valerio (A) El Gago, Felipe Santiago Toribio (A) Chago y otros implicados en el caso.
Junto a estos implicados están Miguel Arsenio Mejía Rodríguez, el no vidente; Carlos Manuel Beriguete Pérez, ex soporte técnico en la Dirección y Producción de Sorteos de la Lotería Nacional; Jonathan Augusto Brea Ovalles, ex supervisor de sorteos de la Dirección y Producción de Sorteos de la Lotería Nacional; Rafael Mesa Nova, ex chofer de la Lotería y Edison Manuel Perdomo Peralta, camarógrafo.
Este viernes la jueza Kenya Romero dará su decisión tras el conocimiento de la medida de coerción durante dos días seguidos contra los 10 implicados en este caso, de los que seis de ellos colaboran con las autoridades.
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